El Gobierno presentó reglas para controlar la IA en el Estado
La incorporación de inteligencia artificial en el sector público ya no depende únicamente de la disponibilidad tecnológica. A medida que estas herramientas comienzan a intervenir en procesos administrativos, análisis de información y asistencia a la toma de decisiones, también aumenta la necesidad de establecer mecanismos que reduzcan riesgos y garanticen un uso responsable.
Con ese objetivo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) aprobó una guía de controles para el uso de inteligencia artificial en organismos nacionales. El documento propone un marco de referencia destinado a identificar, evaluar y mitigar riesgos durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, promoviendo una implementación alineada con la transparencia, la seguridad de la información y las responsabilidades institucionales.
La inteligencia artificial deja de ser solo una herramienta tecnológica
La Resolución SIGEN 197/2026 oficializa la denominada Guía de Controles de Inteligencia Artificial, un documento orientado a fortalecer los mecanismos de auditoría y control interno frente al crecimiento del uso de estas tecnologías en la administración pública.
El enfoque parte de una realidad cada vez más frecuente: distintos organismos ya utilizan soluciones basadas en IA, aunque con niveles muy diferentes de desarrollo y madurez. Esa heterogeneidad obliga a establecer criterios comunes que permitan reducir vulnerabilidades antes de que los sistemas sean incorporados a procesos críticos.
Dos formas de utilización con riesgos diferentes
La guía distingue dos escenarios principales.
Por un lado, el uso individual de herramientas de IA generativa por parte de empleados públicos como apoyo para tareas cotidianas, sin integración directa con sistemas oficiales.
Por otro, la incorporación de sistemas de inteligencia artificial dentro de aplicaciones, procesos administrativos o mecanismos de decisión institucional. En este caso, el nivel de riesgo es mayor porque intervienen modelos entrenados con datos públicos y privados, además de procesos automatizados que pueden afectar servicios estatales.
Mientras el primer escenario requiere principalmente políticas internas y capacitación, el segundo demanda controles durante todas las etapas del desarrollo, implementación y operación.
Los principales riesgos que identifica la SIGEN
Uno de los aportes centrales de la guía consiste en reconocer que la adopción de IA no implica únicamente beneficios operativos. También introduce nuevos retos relacionados con la administración de información, la seguridad digital y la responsabilidad institucional.
Protección de datos y seguridad de la información
Uno de los riesgos más relevantes es la posible divulgación de información confidencial cuando los agentes utilizan plataformas públicas de inteligencia artificial o servicios externos en la nube sin controles adecuados.
La guía también advierte sobre el tratamiento de datos personales, cuya utilización indebida podría derivar en incumplimientos normativos y afectar derechos de los ciudadanos.
Dependencia tecnológica y control institucional
Otro aspecto señalado es la creciente dependencia de proveedores tecnológicos para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial.
Cuando organismos públicos delegan procesos estratégicos en plataformas externas sin mecanismos de supervisión, pueden generarse problemas vinculados con la continuidad operativa, la disponibilidad de los servicios y la autonomía tecnológica del Estado.
La guía propone incorporar evaluaciones permanentes para disminuir esa dependencia y fortalecer las capacidades institucionales.
Calidad de los resultados y supervisión humana
Los sistemas de IA pueden producir respuestas incorrectas, sesgadas o difíciles de explicar.
Por ese motivo, el documento plantea la necesidad de establecer procedimientos que permitan validar la calidad de los resultados, mantener registros de funcionamiento y garantizar la trazabilidad de las decisiones automatizadas.
El objetivo no es reemplazar la intervención humana, sino asegurar que toda utilización de inteligencia artificial permanezca bajo supervisión institucional.
Controles durante todo el ciclo de vida de la IA
La propuesta de la SIGEN plantea que los controles no deben concentrarse únicamente en el momento de la implementación.
El marco contempla revisiones desde la definición de objetivos y el análisis de factibilidad hasta las pruebas previas al funcionamiento, el monitoreo continuo y las auditorías posteriores.
Documentación y responsabilidades
Entre los lineamientos también se incluyen:
- Definición de responsabilidades y niveles de acceso.
- Documentación completa sobre diseño, desarrollo y funcionamiento de cada sistema.
- Controles sobre la calidad e integridad de los datos utilizados.
- Monitoreo periódico para detectar degradaciones del rendimiento.
- Transparencia respecto del uso de IA dentro de la administración pública.
Este enfoque busca facilitar futuras auditorías y mejorar la capacidad del Estado para explicar cómo funcionan los sistemas que incorporan inteligencia artificial.
Un paso hacia una administración pública con mayor capacidad de control
La expansión de la inteligencia artificial en el Estado transforma el papel tradicional de los organismos de control. Ya no alcanza con auditar únicamente procedimientos administrativos; también resulta necesario supervisar algoritmos, datos, procesos automatizados y proveedores tecnológicos.
En ese contexto, iniciativas como la guía elaborada por la SIGEN muestran que la adopción de IA comienza a ir acompañada de criterios institucionales para administrar sus riesgos. La velocidad con la que evolucionan estas tecnologías hará que la capacidad de actualizar controles, fortalecer las competencias técnicas y mantener mecanismos de supervisión permanentes se convierta en un componente cada vez más relevante para la calidad de la gestión pública y la confianza ciudadana.
