DNU 70: qué pasaría con alquileres, salud y comercio exterior
Si la Cámara de Diputados confirma el rechazo al DNU 70/2023 que el Senado aprobó en marzo de 2024, el impacto no sería uniforme. Según el análisis de Zentrix Consultora, los principales cambios se concentrarían en los alquileres, la salud privada y el comercio exterior, tres áreas que todavía dependen de disposiciones del decreto.
La derogación tampoco restituiría de manera automática todas las normas anteriores. El período de transición podría generar incertidumbre sobre las reglas aplicables a nuevos contratos de alquiler, la contratación de prepagas o la planificación de operaciones de comercio exterior.
Qué partes del decreto tendrían menos impacto
La reforma laboral incluida originalmente en el DNU tiene hoy menor dependencia del decreto. El análisis señala que ese capítulo fue declarado inválido por la Justicia en enero de 2024 y que posteriormente el Congreso sancionó la Ley Bases y la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Algo similar ocurre con las privatizaciones y la reforma energética, que cuentan con respaldo en la Ley Bases. Por eso, una eventual derogación del DNU no modificaría, según el estudio, los costos laborales, las indemnizaciones ni los procesos de privatización que ya están en marcha.
El mayor efecto se concentraría en las normas que todavía permanecen vinculadas directamente con el decreto.
Alquileres: podrían convivir tres regímenes
El DNU derogó la Ley 27.551 y dejó en manos de las partes la definición del plazo, la moneda y la forma de actualización de los contratos. Si ese esquema dejara de regir y volviera el régimen anterior, los nuevos contratos tendrían nuevamente un plazo mínimo y un mecanismo de ajuste fijado por ley.
El análisis de Zentrix advierte que la experiencia de 2020 a 2023 estuvo acompañada por una menor oferta de unidades, un aumento de los alquileres temporarios o informales y precios iniciales más altos.
El efecto no sería igual para todos. Quienes ya tienen un contrato firmado bajo el DNU conservarían sus condiciones, mientras que los nuevos acuerdos podrían quedar sujetos a otro régimen. De ese modo, podrían convivir hasta tres esquemas contractuales dentro del mismo mercado.
El cambio también alcanzaría al crédito. Actualmente, una deuda pactada en dólares debe pagarse en esa moneda. Si recuperara vigencia la redacción anterior del Código Civil y Comercial, podría cancelarse en pesos. Según el análisis, ese riesgo podría encarecer o reducir el financiamiento privado en dólares destinado a inmuebles, maquinaria y bienes de capital.
Prepagas: volvería la autorización sobre las cuotas
En el sector de la salud privada, el DNU eliminó la autorización estatal de los aumentos de las empresas de medicina prepaga y habilitó que los trabajadores derivaran sus aportes directamente a esas compañías.
Una derogación modificaría ese esquema. Las cuotas podrían volver a requerir aprobación oficial y la libre elección de obra social perdería la base legal que le otorgó el decreto.
El análisis sostiene que, en el corto plazo, el afiliado tendría mayor previsibilidad sobre el valor de la cuota. Pero también advierte sobre el efecto de mantener los precios por debajo de costos que crecen por encima de la inflación: el ajuste podría trasladarse a la calidad del servicio, los copagos y la cadena de pagos de clínicas y prestadores.
Los traspasos ya realizados deberían preservarse, mientras que los nuevos quedarían frenados y parte de los aportes volvería a las obras sociales sindicales.
Comercio exterior: más facultades y nuevos costos
El tercer mercado alcanzado es el comercio exterior. El DNU estableció que las exportaciones e importaciones solo pueden restringirse por motivos económicos mediante una ley.
Si esa disposición dejara de estar vigente, el Poder Ejecutivo recuperaría la posibilidad de establecer restricciones mediante decretos. Para los exportadores, incluso la existencia de esa facultad puede influir en decisiones que requieren meses de planificación antes de concretar una venta.
El análisis también advierte sobre el eventual regreso de registros obligatorios para operar y mecanismos de retención de mercadería en puerto ante controversias. Según Zentrix, esas trabas tendrían un impacto mayor sobre las pymes y los nuevos operadores.
Cambios que también afectarían a empresas y consumidores
La eventual derogación modificaría además la distribución de beneficios y costos entre distintos sectores.
El régimen de Compre Argentino volvería a obligar al Estado a priorizar proveedores nacionales, con mayor demanda para la industria local y un costo fiscal superior. Los comercios recuperarían topes en los aranceles de tarjetas, mientras que las pymes volverían a contar con espacios reservados en las góndolas de las grandes cadenas.
Los productores yerbateros, por su parte, recuperarían un precio de referencia para la hoja verde. También volvería la Ley de Abastecimiento, que otorga al Estado herramientas de intervención sobre los precios.
Para las pymes, el efecto sería desigual: podrían recuperar preferencias en compras públicas, góndolas y aranceles de tarjetas, pero enfrentarían mayores costos para exportar y un acceso más reducido al financiamiento en dólares, según el análisis.
El problema de la transición
El estudio de Zentrix plantea que el principal impacto no estaría necesariamente en una norma aislada, sino en el período entre la derogación del DNU y la definición de un nuevo marco legal.
La ausencia de una ley de transición que determine qué normas vuelven a regir y cómo se tratan los contratos en curso podría trasladar parte de las decisiones a los tribunales. Eso aumentaría la posibilidad de litigios y podría llevar a hogares y empresas a postergar decisiones.
El análisis sostiene que la discusión, por lo tanto, no se reduce a la continuidad o derogación del DNU 70/2023. También involucra qué reglas regirán después para los contratos, la salud privada, el comercio exterior y las distintas actividades alcanzadas por las disposiciones que el decreto modificó.
El estudio fue elaborado por Zentrix Consultora a partir del DNU 70/2023, las leyes 26.122, 27.742 y 27.802, decretos y reglamentaciones posteriores y jurisprudencia relevante. La información está actualizada al 6 de octubre de 2026 y el análisis económico utiliza un enfoque cualitativo para identificar los canales, la dirección y la intensidad de los posibles efectos.
Fuente: https://zentrixdata.com.ar/
