Frigerio elimina las pensiones vitalicias para gobernadores
Entre Ríos eliminó las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores después de que la Cámara de Diputados sancionara definitivamente la derogación de la Ley N.º 4.506, vigente desde 1965. La medida fue impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y alcanza también a las actuales autoridades, por lo que Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros funcionarios que no podrán acceder al beneficio al terminar sus mandatos. La reforma elimina un régimen previsional especial que establecía una prestación equivalente al 75 % de la remuneración correspondiente al cargo.
Qué cambia con la eliminación de las pensiones vitalicias
La nueva ley deroga el régimen especial que durante más de seis décadas alcanzó a quienes ejercieran la Gobernación y la Vicegobernación de Entre Ríos. Desde ahora, quienes ocupen esos cargos no podrán acceder a la prestación una vez finalizado su mandato.
La modificación afecta tanto a quienes asuman esas funciones en adelante como a las autoridades actuales. Rogelio Frigerio y Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora alcanzados por la derogación.
El proyecto había sido enviado por Frigerio en enero de 2024. Después de su tratamiento en ambas cámaras y de las modificaciones introducidas por el Senado, la Cámara de Diputados aprobó la versión definitiva.
Un régimen creado en 1965
La Ley N.º 4.506 había establecido un esquema previsional diferenciado para exgobernadores y exvicegobernadores. La prestación prevista equivalía al 75 % de la remuneración correspondiente al cargo.
La vigencia prolongada de ese sistema explica parte de la dimensión política de la reforma. La derogación modifica una regla que había acompañado durante décadas a quienes ocuparon los máximos cargos del Poder Ejecutivo provincial.
Frigerio y Aluani quedan alcanzados por la reforma
La aplicación a las autoridades actuales es uno de los elementos más relevantes de la nueva norma. Frigerio había promovido el proyecto desde el comienzo de su gestión y ahora también queda comprendido por la eliminación del beneficio.
Tras la sanción, el gobernador sostuvo que la medida pone fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. También afirmó que él y Aluani serán los primeros alcanzados por la decisión.
La declaración vincula la reforma con una línea política más amplia de su administración. Frigerio sostuvo que su gestión busca eliminar privilegios asociados al ejercicio de la función pública y ordenar el Estado.
Esa definición también permite entender por qué el alcance de la ley no quedó restringido a futuros funcionarios. La aplicación sobre las autoridades en ejercicio refuerza la decisión de modificar el régimen desde la propia gestión que impulsó su derogación.
El cambio dentro de la política de austeridad estatal
La derogación forma parte de la agenda de austeridad, transparencia y ética pública que el Gobierno provincial atribuye a su gestión.
El argumento oficial sostiene que los regímenes especiales deben revisarse cuando generan beneficios diferenciados para quienes ejercieron cargos públicos. En este caso, la modificación elimina específicamente una prestación previsional reservada a quienes ocuparon la Gobernación y la Vicegobernación.
El efecto directo de la ley es previsional y administrativo. A partir de su entrada en vigencia, los futuros exmandatarios provinciales no contarán con la pensión especial establecida por la legislación de 1965.
Una decisión vinculada al uso de recursos públicos
La discusión también está relacionada con el criterio aplicado a los beneficios de quienes ejercen funciones estatales. El Gobierno provincial presenta la derogación como parte de una administración basada en igualdad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
La reforma, por tanto, modifica una relación específica entre el desempeño de los cargos máximos del Ejecutivo provincial y el acceso posterior a una prestación previsional especial. El cambio alcanza a las autoridades actuales y establece una regla diferente para quienes ocupen esos cargos en el futuro.
Frigerio había planteado esa lógica desde el inicio de la iniciativa. Al defender la sanción, sostuvo que el cambio en la forma de gobernar debía comenzar por quienes tienen la responsabilidad de ejercer las funciones públicas.
La eliminación de la pensión deja así una modificación institucional que se medirá también por su aplicación en el tiempo. La decisión no afecta únicamente a una prestación individual de los actuales funcionarios, sino que elimina la base legal que durante décadas permitió mantener ese beneficio para quienes ocuparan los dos principales cargos del Poder Ejecutivo entrerriano.
