El Senado retiró cambios a la Ley de Tierras y creció el debate por el litio
El oficialismo decidió retirar el capítulo referido a la Ley de Tierras del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que se debatía en el Senado argentino, después de no reunir los apoyos necesarios para avanzar con esa modificación. La discusión expuso una tensión entre la búsqueda de mayor apertura para inversiones y el control sobre territorios donde coinciden recursos estratégicos, actividad minera y reservas hídricas.
El capítulo eliminado había sido impulsado dentro de la agenda de desregulación del Gobierno y proponía modificar restricciones de la Ley 26.737, que regula la titularidad extranjera de tierras rurales. El debate adquirió especial atención en provincias como Catamarca, Salta y Jujuy, donde se desarrollan proyectos vinculados al litio con participación de empresas nacionales e internacionales.
Qué cambió en el Senado con la reforma sobre tierras rurales
La discusión se dio dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorporaba modificaciones sobre el régimen vigente de tierras rurales.
El oficialismo buscaba flexibilizar las restricciones establecidas por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y establece condiciones especiales para determinados territorios.
Entre los puntos cuestionados por sectores opositores y algunos gobiernos provinciales estaban:
- el límite general a la propiedad extranjera de tierras rurales;
- las restricciones en zonas consideradas sensibles;
- las condiciones aplicables a inmuebles vinculados con cuerpos de agua.
Ante la falta de respaldo suficiente en la Cámara Alta, el Gobierno decidió retirar ese capítulo para conservar el resto del proyecto legislativo.
La Ley 26.737 y el debate sobre la propiedad extranjera
La normativa vigente establece que los extranjeros no pueden superar determinados porcentajes de titularidad sobre tierras rurales en el país. También contempla restricciones específicas para inmuebles que contienen o limitan con cuerpos de agua importantes.
La norma estableció un marco para regular la titularidad extranjera de tierras rurales y fijar condiciones especiales para determinados territorios.
La discusión actual no modifica directamente el régimen de explotación minera, pero sí pone en debate quién puede acceder a superficies rurales ubicadas cerca de áreas donde existen recursos de alto valor económico.
Por qué el litio aparece vinculado a la discusión territorial
La relación entre la Ley de Tierras y el litio surge por la ubicación geográfica de los principales proyectos argentinos.
Los salares de la Puna argentina, especialmente en Catamarca, Salta y Jujuy, concentran una parte importante de las iniciativas de extracción de litio del país. Estos territorios combinan actividad minera, infraestructura productiva y sistemas hídricos de alta sensibilidad ambiental.
La extracción de litio requiere trabajar sobre salmueras presentes en los salares. Tanto los métodos tradicionales de evaporación como tecnologías más recientes como la Extracción Directa de Litio (DLE) dependen de condiciones específicas del territorio donde se desarrollan los proyectos.
Por ese motivo, la discusión sobre tierras rurales incorpora un componente adicional: la relación entre propiedad del suelo, acceso territorial y desarrollo de industrias asociadas a minerales críticos.
Tierra, agua y minería: tres elementos conectados en la Puna
Los proyectos de litio no se desarrollan únicamente sobre el área donde se extrae la salmuera. También requieren caminos, plantas industriales, sistemas energéticos y espacios complementarios para sostener la operación.
En regiones de extrema aridez, el agua tiene un peso central. La presencia de salares, lagunas altoandinas y cuencas hídricas convierte a estos territorios en zonas donde la actividad económica convive con restricciones ambientales y territoriales.
La discusión sobre la propiedad de la tierra no determina por sí sola quién explota un yacimiento, ya que la actividad minera cuenta con su propio marco legal. Sin embargo, sí forma parte del debate sobre el acceso y control de espacios donde se concentran activos territoriales.
Las provincias mineras buscan equilibrar inversión y control territorial
Catamarca, Salta y Jujuy promovieron en los últimos años la llegada de inversiones vinculadas al litio, incluyendo proyectos con participación de empresas internacionales.
Al mismo tiempo, los gobiernos provinciales mostraron interés en mantener capacidad de decisión sobre sus territorios. La posición de estas provincias combina dos objetivos: atraer capital para desarrollar proyectos mineros y conservar herramientas de regulación sobre áreas consideradas sensibles.
Ese equilibrio formó parte del debate político alrededor de la modificación de la Ley de Tierras dentro del Senado.
La discusión no estuvo centrada únicamente en la inversión extranjera, sino también en el alcance que tendría una apertura del mercado de tierras en regiones donde existen yacimientos de litio y reservas hídricas.
El debate argentino se conecta con la competencia global por minerales críticos
El litio ocupa un lugar central en la industria de baterías para electromovilidad y almacenamiento energético. Por esa razón, los territorios que concentran estos recursos tienen una importancia económica creciente.
Argentina busca ampliar su producción de litio mediante inversiones nacionales e internacionales, mientras otros países también compiten por desarrollar cadenas industriales vinculadas a la transición energética.
La discusión sobre tierras agrega una dimensión institucional a esa competencia: cómo combinar la llegada de capitales externos con reglas sobre el uso del territorio.
Qué sigue después del retiro del capítulo de tierras
La eliminación del capítulo permitió que el proyecto continuara su recorrido legislativo sin esa modificación específica. La regulación sobre tierras rurales permanece bajo el marco de la Ley 26.737 mientras no exista una nueva reforma aprobada por el Congreso.
La discusión legislativa dejó pendiente una definición sobre cómo se regulará el acceso a tierras rurales en regiones donde convergen proyectos mineros, infraestructura productiva y recursos hídricos. Mientras la Ley 26.737 continúe vigente, cualquier modificación deberá pasar nuevamente por el Congreso. En las provincias con actividad litífera, la discusión seguirá concentrada en cómo compatibilizar la llegada de inversiones con las reglas que ordenan el uso del territorio.
