Keiko Fujimori impulsa un shock tecnológico para transformar Perú
La victoria electoral de Keiko Fujimori marca el inicio de una agenda que coloca a la transformación digital del Estado como uno de los principales instrumentos para enfrentar problemas estructurales del Perú. Más allá de las propuestas económicas y de seguridad, el denominado «shock tecnológico» plantea incorporar inteligencia artificial, automatización y plataformas digitales como ejes de gestión pública.
El enfoque trasciende la modernización administrativa. La propuesta busca utilizar la tecnología para intervenir sobre la seguridad ciudadana, reducir la burocracia, fortalecer los mecanismos de transparencia y ampliar el acceso a servicios públicos en regiones con menor infraestructura. La magnitud de estos cambios dependerá tanto de la capacidad técnica del Estado como de la coordinación entre organismos públicos.
Inteligencia artificial para redefinir la seguridad ciudadana
Uno de los componentes centrales del programa consiste en incorporar inteligencia artificial dentro de la estrategia nacional de seguridad.
La propuesta contempla la creación de una red de Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i) distribuidos en las 24 regiones del país. Estos centros concentrarían información proveniente de cámaras, sistemas policiales y bases de datos estatales para coordinar respuestas operativas de manera unificada.
Del patrullaje reactivo a la prevención basada en datos
El cambio más significativo radica en la utilización de algoritmos predictivos capaces de analizar patrones históricos de criminalidad, variables geográficas y comportamientos recurrentes para identificar zonas con mayor riesgo.
En lugar de responder únicamente después de ocurrido un delito, el objetivo consiste en asignar recursos policiales de forma preventiva mediante modelos de análisis de datos.
La iniciativa también incorpora:
- 1.000 patrulleros inteligentes con lectores automáticos de placas.
- 10.000 cámaras interconectadas.
- Modernización tecnológica de 200 comisarías.
- Uso de drones y cámaras corporales para efectivos policiales.
- Botón de pánico integrado en teléfonos móviles.
- Herramientas digitales para rastrear flujos financieros asociados a extorsiones.
Un Estado digital para reducir la burocracia
El segundo eje propone avanzar hacia un modelo de Estado sin papel, donde la mayor parte de los procedimientos administrativos se realicen mediante plataformas digitales.
La iniciativa busca reducir uno de los principales obstáculos para la inversión: los tiempos prolongados de tramitación.
Ventanilla Única Digital con inteligencia artificial
El plan contempla una plataforma nacional que concentre múltiples procesos administrativos utilizando automatización e inteligencia artificial para simplificar expedientes y disminuir tiempos de respuesta.
Entre los objetivos planteados destacan:
- Digitalizar el 80 % de los trámites empresariales.
- Reducir aproximadamente un 40 % los tiempos administrativos.
- Eliminar cientos de procedimientos considerados redundantes.
La lógica detrás de esta medida responde a una tendencia creciente en distintos países: sustituir procesos fragmentados por sistemas interoperables capaces de compartir información entre organismos públicos.
Formalización mediante plataformas digitales
Otra propuesta relevante es la creación de una Ventanilla Única de Formalización y Titulación, destinada a acelerar la regularización de viviendas y propiedades mediante integración digital con organismos registrales.
A ello se suma la denominada Licencia 0 Digital, orientada a facilitar la creación de micro y pequeñas empresas mediante autorizaciones completamente en línea y con menores barreras burocráticas.
Tecnología aplicada a la transparencia pública
El programa también incorpora herramientas digitales para fortalecer los mecanismos de control estatal.
La premisa consiste en utilizar analítica de datos para detectar irregularidades antes de que generen pérdidas económicas significativas.
Auditorías automatizadas y monitoreo permanente
Entre las principales iniciativas aparecen:
- Sistemas de inteligencia artificial para analizar licitaciones públicas.
- Identificación temprana de sobrecostos y patrones de riesgo.
- Plataformas de compliance digital para funcionarios.
- Cruce automatizado de información patrimonial.
- Seguimiento continuo de posibles conflictos de interés.
Este enfoque traslada parte del control desde auditorías posteriores hacia mecanismos preventivos apoyados por procesamiento masivo de datos.
Salud y educación como parte de la infraestructura digital
El «shock tecnológico» no se limita a la seguridad ni a la gestión administrativa.
También incorpora inversiones destinadas a ampliar la infraestructura digital en sectores sociales estratégicos.
Telemedicina para ampliar la cobertura sanitaria
La propuesta plantea desarrollar una red nacional de telemedicina que conecte establecimientos del Ministerio de Salud para facilitar consultas remotas, diagnósticos especializados y atención en regiones con menor disponibilidad de profesionales médicos.
La digitalización aparece aquí como una herramienta para reducir desigualdades territoriales más que como un reemplazo de la atención presencial.
Educación STEM y reducción de la brecha tecnológica
En el ámbito educativo, el plan prioriza la expansión de conectividad, laboratorios tecnológicos y programas enfocados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
El objetivo es fortalecer las capacidades digitales de estudiantes, especialmente en zonas rurales donde las brechas de acceso continúan siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo productivo.
La tecnología como política de Estado
Más que incorporar herramientas digitales aisladas, el programa plantea reorganizar múltiples funciones estatales alrededor del uso intensivo de datos, automatización e inteligencia artificial. Ese cambio supone modificar la manera en que distintas instituciones comparten información, toman decisiones y administran recursos públicos.
El verdadero reto no reside únicamente en adquirir infraestructura tecnológica, sino en desarrollar capacidades institucionales que permitan sostener estos sistemas en el tiempo, garantizar la protección de los datos personales y establecer mecanismos de supervisión que eviten sesgos o usos indebidos de la automatización. La evolución de este modelo podría convertirse en un referente regional sobre cómo la innovación pública redefine la relación entre el Estado, la ciudadanía y la economía digital.
