Entre Ríos avanza con el Estado digital y debate los datos
La Ley de Transformación e Innovación Digital obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y propone establecer las bases para un Estado con trámites, documentos y servicios digitales. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, busca reducir el uso del papel, simplificar gestiones y ampliar el acceso remoto a la administración pública, mientras incorpora reglas para el uso de datos, la contratación de tecnología y la inteligencia artificial. La iniciativa seguirá su tratamiento en el Senado, pero su debate ya expuso diferencias sobre el control de la información estatal, la ciberseguridad y las condiciones para contratar servicios tecnológicos.
Qué propone la Ley de Transformación e Innovación Digital
El proyecto busca darle un marco legal a un proceso de digitalización que la Provincia ya viene desarrollando mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), la firma digital y Mi Entre Ríos, plataforma que cuenta con más de 100.000 usuarios y permite acceder a más de 50 trámites y servicios provinciales.
La propuesta apunta a que los ciudadanos puedan realizar gestiones desde cualquier lugar y evitar traslados que no resulten necesarios. También incorpora el principio de “una sola vez”, que permite a los organismos reutilizar e intercambiar información de manera segura cuando esos datos ya se encuentran en poder del Estado.
La sustitución progresiva de expedientes físicos por documentos digitales forma parte del mismo esquema. El proyecto reconoce la eficacia jurídica de las firmas digitales y electrónicas e incorpora las notificaciones digitales.
El Ejecutivo defendió la iniciativa como un marco para adaptar el funcionamiento administrativo a las herramientas tecnológicas actuales. Desde el Gobierno provincial sostuvieron que el objetivo no es establecer una ley destinada únicamente a comprar tecnología, sino fijar reglas para que el Estado pueda operar en un entorno digital.
Menos papel y nuevas formas de contratación
Uno de los cambios relevantes aparece en las reglas para adquirir servicios tecnológicos. El proyecto incorpora modalidades como almacenamiento en la nube, licencias, suscripciones, correo electrónico y software como servicio.
La modificación busca que la Provincia pueda contratar herramientas que actualmente forman parte del mercado tecnológico. El texto mantiene mecanismos de control y resguardo del interés público, según la explicación oficial del proyecto.
La discusión legislativa, sin embargo, incorporó otra dimensión. Para la oposición, las condiciones de contratación deben analizarse junto con el lugar donde se almacenan los datos, quién administra la infraestructura y qué capacidad conserva la Provincia para recuperar su información cuando termina un contrato.
El debate sobre los datos de los entrerrianos
La diputada Laura Stratta, presidenta del bloque Más Para Entre Ríos, centró sus críticas en el control efectivo de la información estatal. Su planteo parte de una distinción entre la titularidad jurídica de los datos y la capacidad material para administrarlos.
El proyecto establece que las bases de datos públicas son activos bajo titularidad, custodia y gestión estatal. Para Stratta, esa disposición debería estar acompañada por reglas más específicas sobre almacenamiento, jurisdicción, infraestructura tecnológica y recuperación de la información.
La legisladora cuestionó particularmente la relación entre los artículos 41 y 48 del proyecto. Según explicó, mientras el primero establece la titularidad y gestión estatal de las bases de datos, el segundo habilita mecanismos para contratar software, licencias y otros servicios tecnológicos.
Su argumento es que la propiedad estatal de la información no garantiza por sí misma el control tecnológico sobre ella cuando un servicio es administrado por una empresa privada. Por eso reclamó condiciones sobre localización de los datos, estándares abiertos y recuperación integral de la información al finalizar una contratación.
Stratta también sostuvo que el proyecto debería incorporar de manera expresa el concepto de soberanía tecnológica. Desde su perspectiva, la capacidad de la Provincia para mantener el dominio sobre su infraestructura y sus datos debe acompañar la digitalización administrativa.
Ciberseguridad y protección de la información
El proyecto incorpora principios de seguridad, confidencialidad, trazabilidad y protección de datos personales. También establece criterios para incorporar nuevas tecnologías e inteligencia artificial, con pautas de transparencia, auditoría, supervisión humana y prevención de sesgos.
Stratta consideró insuficientes las previsiones del texto en materia de ciberseguridad y protección de datos. Su posición fue que una administración cada vez más apoyada en sistemas digitales requiere reglas específicas sobre la infraestructura que sostiene esos servicios.
La diferencia entre ambas posiciones está en el alcance que debe tener la regulación. El Ejecutivo presenta la iniciativa como un marco para ordenar y sostener la digitalización del Estado. El bloque Más Para Entre Ríos sostiene que ese marco debe establecer mayores garantías sobre la infraestructura, la información y las contrataciones tecnológicas.
Una discusión que también incluye a los trabajadores estatales
El proyecto incorporó modificaciones durante su tratamiento legislativo. A partir de aportes de UPCN, se agregó un artículo destinado a garantizar que la transformación digital no afecte los derechos de los trabajadores del Estado.
La iniciativa también establece el compromiso de brindar capacitación y herramientas para acompañar el proceso de digitalización. El punto vincula directamente la incorporación de tecnología con la organización del trabajo dentro de la administración pública.
Diputados del bloque de La Libertad Avanza también realizaron aportes al texto durante su tratamiento. El resultado fue una iniciativa que recibió modificaciones antes de alcanzar la media sanción.
El justicialismo, por su parte, presentó un dictamen de minoría. Entre sus observaciones incluyó cuestiones vinculadas con la contratación tecnológica, la protección de datos biométricos, los controles y la portabilidad de la información estatal.
Digitalización con atención presencial
La transformación digital prevista por el proyecto no elimina los canales de atención presencial. La iniciativa establece que estos continuarán disponibles, con especial consideración para adultos mayores, personas con discapacidad, ciudadanos sin conectividad y habitantes de zonas rurales.
Esta disposición introduce una condición relevante para la aplicación del nuevo esquema. La digitalización de los trámites deberá convivir con mecanismos de atención que permitan acceder a los servicios públicos a quienes no puedan realizar sus gestiones exclusivamente por medios digitales.
El proyecto busca así reducir el uso del papel y los desplazamientos sin establecer que toda relación entre ciudadanos y administración deba realizarse de manera digital.
Del trámite digital al control de la infraestructura
La discusión legislativa muestra que la transformación digital del Estado involucra varias capas que quedan vinculadas entre sí. La primera es la relación cotidiana con los ciudadanos, mediante trámites, notificaciones, firmas y servicios digitales.
La segunda corresponde al funcionamiento interno de la administración. Allí aparecen los documentos electrónicos, el intercambio de información entre organismos y el principio de “una sola vez”.
La tercera está relacionada con la infraestructura tecnológica que permite sostener esos sistemas. Allí se ubican el almacenamiento, las licencias, las plataformas, los servicios en la nube y las condiciones de contratación.
Sobre esta última capa se concentra buena parte de las diferencias expresadas durante el debate. Para Stratta y el bloque Más Para Entre Ríos, la titularidad estatal de los datos debe estar acompañada por mecanismos que aseguren su control tecnológico. El oficialismo, en cambio, sostiene que el proyecto establece reglas para continuar el proceso de modernización y contratación de tecnología.
El Senado deberá continuar ahora el tratamiento de una iniciativa que combina cuestiones administrativas, tecnológicas y laborales. La discusión ya dejó planteado que digitalizar expedientes y trámites también exige determinar cómo se administran los sistemas que contienen la información pública y qué condiciones rigen cuando intervienen proveedores tecnológicos.
La cuestión adquiere una dimensión práctica en el momento en que un servicio contratado deja de estar disponible. Allí aparecen decisiones sobre recuperación de datos, continuidad de los sistemas y capacidad estatal para mantener la información bajo su control. Esas condiciones pueden definir cómo funcionará en la práctica el modelo digital que la ley busca ordenar.
